Juicio a la dictadura en argentina

El Supremo argentino anula los indultos concedidos por Medem
La Justicia argentina declaró ayer inconstitucionales los indultos concedidos a decenas de implicados en delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar (1976-1983). Por mayoría, la Corte Suprema declaró nulo el indulto que en 1989 recibió de Menem el ex general Santiago Riveros, procesado por «delitos aberrantes» cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo. La decisión sienta jurisprudencia para el resto de indultos otorgados por Menem.
Por mayoría, la Corte Suprema declaró nulo el indulto que en 1989 benefició al ex general Santiago Riveros, procesado por «delitos aberrantes» cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la dictadura.
La decisión judicial sienta jurisprudencia para el resto de los casos en que los indultos concedidos por el entonces presidente, Carlos Menem (1989-1999), bajo el pretexto de «reconciliar al país», fueron una traba para enjuiciar a los militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos.
En su sentencia, la Corte Suprema hizo especial mención a la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, incorporada a la Constitución argentina en 1994, que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben y deben ser esclarecidos y sus culpables identificados.
Con su decisión, el Alto Tribunal corona un ciclo iniciado en 2004 cuando, al emitir un fallo por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires, resolvió que los delitos de lesa humanidad, como las violaciones de los derechos humanos, son «imprescriptibles».
En 2005, otro fallo de la Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas a mediados de la década de los 80 del pasado siglo, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores de la dictadura.
La anulación de estas normas en 2003 por parte del Parlamento argentino impulsó la reapertura de unas 900 causas por delitos de represión en el Gobier- no de facto, pero la cuestión de los indultos seguía pendiente pues los acusados beneficiados por ese «perdón» se escudaban en ese amparo.
Desde que accedió al cargo en 2003, el presidente argentino, Néstor Kirchner, criticó varias veces los indultos, aunque aclaró que la única vía para derogarlos era la judicial.
El ex general Riveros fue comandante entre 1975 y 1978 de los Institutos Militares en Campo de Mayo, donde funcionaba el Hospital Militar, macabro escenario donde se concretó el robo de bebés nacidos en partos clandestinos durante el cautiverio ilegal de sus madres.
El ex general fue acusado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que denunciaron un plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 recién nacidos en cautiverio.
En noviembre de 2004, un juez argentino anuló el indulto que benefició a Riveros, pero en marzo del año siguiente un tribunal de segunda instancia revocó aquella decisión.
El expediente llegó entonces a la Corte Suprema, que lo remitió a la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, que en setiembre de 2006 consideró nulo el «perdón» concedido a Riveros. El fallo fue apelado por la defensa del ex general, por lo que el caso volvió al máximo tribunal.
Plan Cóndor
Santiago Riveros cumple actualmente prisión preventiva por ser considerado uno de los organizadores del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de las acciones represivas conjuntas de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80 del pasado siglo. Además, el ex militar fue condenado a cadena perpetua en 2000 por un tribunal de Italia que le procesó en ausencia por la desaparición de ocho ítalo-argentinos.
Aunque el fallo de ayer se circunscribe al caso Riveros, alcanza al decreto por el que Menem indultó en 1989 a militares procesados en una treintena de causas por homicidios, privaciones ilegales de libertad y otros delitos cometidos en un régimen que, según datos oficiales, causó 18.000 desaparecidos, cifra que los organismos humanitarios elevan a 30.000.
Esa medida de Menem benefició, entre otros, a los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides; los generales Juan Bautista Sasiain, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere y Albano Harguindeguy.
Menem firmó con posterioridad otros decretos por los que indultó a civiles acusados por subversión contra las fuerzas militares durante la dictadura y a militares que actuaron en alzamientos tras el fin del régimen militar, pero no les alcanza el fallo emitido ayer por la Corte Suprema.
El ex presidente Menem criticó ayer la decisión de la Corte al señalar que «el actual Gobierno, desde que asumió el poder, ha desplegado una política de revisión sesgada del pasado que no hace más que reavivar odios. Se trata de una revisión parcial, unilateral, más parecida a una venganza que a una actitud ecuánime y ponderada». A su juicio, el Ejecutivo ha impulsado la derogación por venganza.
En un comunicado, dijo que «la idea de anular indultos surgió de esa visión tuerta que le imprimió al tema la Casa Rosada, destinada a anular los indultos de una de las partes enfrentadas entonces, mientras se preservan vigentes los de la otra, los de las organizaciones terroristas».
«La Constitución Nacional fue reformada en 1994 por una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo argentino y mantuvo en el texto las prescripciones sobre el indulto y sobre la autoridad del Poder Ejecutivo para otorgarlo», agregó Menem.